Skip to main content

Florida | Abogado de Pablo Ibar: “Fueron violados los derechos constitucionales de mi defendido en el último juicio”

📢 Click here to Google translate this article into your own language

La vista de la cuarta apelación, puerta para un nuevo juicio, será telemática y  se celebrara el próximo 28 de febrero

Pablo Ibar ya tiene fecha y hora para su vista de apelación. Será el próximo 28 de febrero a las 14.00 horas (hora local de Florida).

El Tribunal del Cuarto Distrito de la Corte de Apelaciones, con sede en la ciudad de West Palm Beach, ha convocado para ese día al abogado de Pablo Ibar a una sesión en la que el letrado solicitará la revocación de la cadena perpetua y al mismo tiempo la celebración de un nuevo juicio, esta vez ante un juez imparcial y no como sucedió en el proceso anterior.

A la comparecencia también ha sido convocada la Fiscalía que, asimismo, expondrá su tesis contraria a la de la defensa, informa la Asociación Pablo Ibar – Juicio Justo.

El abogado de Ibar, Joe Nascimento, dispondrá de apenas veinte minutos para desarrollar los motivos por los que pide que su patrocinado sea juzgado de nuevo.

Con anterioridad envió hace un año a dicho Tribunal una detallada apelación con más de cien folios donde se explica cómo en el juicio se produjeron diferentes irregularidades.

Primero será interpelado el abogado de la defensa, que contestará a las preguntas de los magistrados de por qué quiere un nuevo juicio, para ser posteriormente el fiscal del caso sea también cuestionado por este tribunal formado por tres jueces.

Por último, habrá una segunda intervención de Nascimento más corta que la anterior. Se espera que en algo más de un año se sepa si Pablo Ibar tiene derecho a un nuevo juicio.

Con la dinámica de otros procesos este se celebraría en el 2024 y caso de tener veredicto a favor podría salir en el 2026, en el mejor de los casos, con 54 años.

En el caso que no saliera la apelación, la defensa tiene previsto ir al Tribunal Supremo de Florida, como nueva instancia para recurrir para luego tener todavía la opción de acudir al Tribunal Federal Supremo, en ese ámbito hay tres niveles hasta llegar al Tribunal Supremo de EEUU.

La vista, en esta ocasión por videoconferencia, podrá ser seguida por cualquier interesado desde el link que la Asociación Pablo Ibar- Juicio Justo habilitará para seguir esta apelación que ya es la cuarta en la carrera de Pablo Ibar.

La última apelación realizada ante el Tribunal Supremo de Florida en el 2014 , donde a Pablo Ibar se le conmutó la pena de muerte por la de cadena perpetua, se hizo ante siete jueces en lugar de los tres de esta ocasión en un procedimiento similar.

Pablo Ibar, que cumplirá en abril cincuenta y un años, se ha pasado desde 1994 en la cárcel por un triple asesinato del que se le acusa, pese a las escasas pruebas que le incriminan. En el corredor de la muerte estuvo en el periodo que va desde el 2000 al 2016.

En la actualidad se encuentra recluido en la cárcel de Okeechobee, la más grande y masificada de Florida, en una celda que comparte con otro compañero. Por motivo del Covid las visitas se han restringido mucho en estos últimos meses aunque puede recibir llamadas telefónicas y la presencia de su familia.

Un juicio lleno de irregularidades


Nascimento, que estuvo la primavera pasada en España, invitado por la Asociación Pablo Ibar por un Juicio Justo, revelaba en aquella comparecencia a Economist & Jurist que se habían detectado 13 irregularidades en el último juicio de su representado.

Al mismo tiempo, consideraba que el magistrado Dennis Bailey, quien dirigió el proceso en el que Ibar fue condenado a cadena perpetua, vulneró derechos constitucionales del acusado.

Bailey no estará presente en este proceso porque en las últimas elecciones a jueces no fue elegido. Igual sucede con el fiscal Chuck Norton que se habría retirado del caso.

El tribunal estará compuesto por tres jueces. Joe Nascimento ha de condensar en apenas veinte minutos un proceso judicial que se prolongó durante meses y que, si bien permitió que Pablo Ibar no fuese sentenciado a la pena de muerte, como sucedió en el juicio anterior, no impidió que sobre el acusado recayera la cadena perpetua.

Nascimento, que ya formó parte del equipo de juristas que defendió a Pablo Ibar en el proceso de 2019, donde desempeñó un relevante papel, sustenta su solicitud de repetición del juicio en las numerosas irregularidades y decisiones de parcialidad en las que incurrió el juez Dennis Bailey, al que acusa de vulnerar derechos constitucionales.

El abogado de Pablo Ibar sostiene que el tribunal de primera instancia de Broward County “abusó de su discrecionalidad” y “cometió graves errores jurídicos”.

En este sentido, Nascimento asegura que “violó los derechos constitucionales” del acusado a un jurado justo e imparcial. Estima que el Estado se refirió de manera “inadmisible” al derecho que ampara al acusado a guardar silencio y dio a entender que aquel silencio de Pablo Ibar era una “admisión de culpabilidad”, lo cual “constituye una clara violación de la Quinta Enmienda de la Constitución”.

De igual manera, entiende que el mismo órgano judicial no actuó de forma imparcial cuando prohibió a la defensa interrogar a testigos clave para los intereses de Pablo, o cuando admitió la declaración sobre una rueda de reconocimiento fotográfica de otro testigo que dijo haber visto el día de los hechos a Ibar a bordo del Mercedes de Casimir Sucharski, una de las víctimas.

La defensa señala al respecto que los procedimientos puestos en práctica por los agentes que investigaron los hechos “fueron innecesariamente sugerentes” y condujeron al testigo “a una probabilidad sustancial de identificación errónea”. Y añade que la introducción de esta prueba “no fue inocua”.

Joe Nascimento argumenta de igual modo que el juez vulneró el derecho constitucional de Ibar a un proceso con todas las garantías y su derecho a la contradicción, al prohibir que la defensa interrogase al especialista del Estado en materia de ADN sobre anteriores casos de contaminaciones cruzadas que se produjeron en el Laboratorio de Criminalística del Sheriff del Condado de Broward.

Como se recordará, la Fiscalía aportó para este juicio, de manera un tanto sorpresiva, una camiseta que contenía unas minúsculas muestras de ADN de Pablo Ibar. La defensa ha venido sosteniendo que dicha muestra en todo caso fue fruto de una contaminación que se produjo en el laboratorio.

En la apelación se critica también la “conducta inapropiada” del fiscal Charles Morton, quien en el alegato final negó a Pablo Ibar su “derecho constitucional a un juicio justo”. Cree el abogado que, una vez más, el juez abusó de su discrecionalidad cuando desestimó la protesta de Pablo Ibar después de que el fiscal pusiese fin a su informe con una “declaración incendiaria”.

Morton llegó a decir a los componentes el jurado que no permitieran “que este hombre se salga con la suya; se libre de haber cometido un asesinato”. Una vez finalizada la vista de apelación, se abre un periodo de deliberación entre los miembros del tribunal.

Un crimen sin resolver


Mientras tanto, Pablo Ibar permanece en la prisión de Okeechobee (Florida). Ibar fue declarado culpable del triple crimen que acabó con las vidas de Casimir Sucharski, dueño de un local nocturno y propietario del chalet donde se perpetraron los delitos, y de las jóvenes Sharon Anderson y Marie Rogers.

Los tres fueron asesinados por dos individuos que irrumpieron en la vivienda. La secuencia de los hechos fue grabada por una cámara de vídeo situada en el salón de la casa, que, en un momento determinado, capta el rostro de un joven con rasgos latinos que la Policía identificó con Pablo.

Hasta el momento se han celebrado tres juicios y otras tantas apelaciones. El primero tuvo lugar en 1998 tras su detención en 1994, donde se declara juicio nulo.

En el segundo juicio, en el año 2000 se le condena a muerte y el tercero fue la repetición del citado. Entre medidas distintas apelaciones que se pidieron y que fueron concedidas por los tribunales respectivos.

Sin embargo, en el último juicio celebrado en el periodo de tiempo que va desde noviembre de 2018 a mayor del 2019, donde quedó acreditado, incluso por peritos de la acusación, que dicho vídeo no tenía la calidad de imagen suficiente para realizar ninguna identificación.

En dicha vista el tribunal de Florida le condenó a cadena perpetua con las escasas pruebas que así fueron calificadas por el Tribunal Supremo de Florida. Según nos comentan de fuentes cercanas a la defensa de Pablo, antes de cada juicio y apelación se hizo el correspondiente análisis de ADN y en todos sale negativo por parte de Pablo, salvo en el último donde aparecen estas motas insignificantes a juicio de la defensa.

De manera paralela, la Asociación Pablo Ibar – Juicio Justo continúa trabajando en la recaudación de fondos que permitan costear la apelación. El presupuesto para esta apelación es de 200.000 dólares (164.200 euros).

La asociación mantiene una campaña de crowdfunding para que quien desee pueda colaborar en hacer frente a los gastos y ofrece a través de su página web y las redes sociales la posibilidad de efectuar las aportaciones que deseen.

Source: economistjurist.es, Luisja Sánchez, January 16, 2023





🚩 | Report an error, an omission, a typo; suggest a story or a new angle to an existing story; submit a piece, a comment; recommend a resource; contact the webmaster, contact us: deathpenaltynews@gmail.com.




Opposed to Capital Punishment? Help us keep this blog up and running! DONATE!



"One is absolutely sickened, not by the crimes that the wicked have committed,
but by the punishments that the good have inflicted." -- Oscar Wilde

Most viewed (Last 7 days)

California | Becerra vows to extend moratorium despite past support for capital punishment

SACRAMENTO—Democrat Xavier Becerra defended the death penalty while serving as California’s attorney general, a punishment his office actively sought in the case of a gunman convicted of an Orange County mass shooting, but as the front-running candidate for governor, he has vowed to block executions if elected in November. Becerra said he will extend the blanket reprieve for all death row inmates that Gov. Gavin Newsom enacted by executive order in 2019, saying he supported “moving our state away from a costly, flawed system that disproportionately impacts Black and brown communities and too often gets it wrong.”

Iran | Afghan Citizen Executed in Wheelchair Due to Severe Mobility Disability

KABUL, AFGHANISTAN – Iranian authorities have reportedly executed an Afghan citizen, identified as Valijan Nourzay, at the central prison in Rafsanjan, according to the human rights organization Hengaw. Hengaw said in a statement on Sunday, September 6, that Nourzay was executed early Wednesday last week at Rafsanjan Central Prison. According to the organization, Nourzay had a severe mobility disability and was executed while in a wheelchair. Hengaw, citing informed sources, reported that Nourzay had been pursued by Iranian authorities three years ago over an alleged murder. He was reportedly seriously wounded after Iranian security forces opened fire on him in Rafsanjan before being arrested and later sentenced to death.

California | He spent 19 years on death row. His conversion to Judaism helped him endure

Johnny Morales struggled to find sleep. He dozed off for a few moments, but officers came to his death row cell and woke him a little after midnight. They needed to inventory and box up his belongings. He was leaving San Quentin.  Hands cuffed behind his back, he walked across the empty upper yard in the dim gray hours before daylight. An officer walked alongside him step for step, black latex-gloved fingers holding onto Morales’s arm. For almost 20 years, Morales could only experience the world outside his 4-by-11 foot cell in the condemned housing unit like this—chained and escorted by officers. Security protocols required all death row residents be handcuffed or shackled any time they were out in open space with staff.

He Spent 27 Years on Death Row as a Wrongfully Convicted Man. What Comes Next?

23-hour solitary confinement. 115-degree heat. Jimmie Duncan is haunted by the decades he spent in Louisiana’s Angola Prison—and how, even after being released, he still isn’t truly free. Jimmie “Chris” Duncan wiped the sweat off his forehead as he assessed his temporary home from the parking lot of a rundown motel in central Louisiana. Sure, there’s drug dealing and prostitution, he said on a recent summer afternoon. And he suspected his neighbors were cooking meth on a floor below the room he paid $350 a week to rent.

Egypt TV presenter and 11 others sentenced to death in major drugs case

Egyptian television presenter Sarah Khalifa and 11 others have been sentenced to death by hanging after being convicted of drug trafficking and rape, while nine defendants received life sentences and seven were acquitted. Egyptian television presenter Sarah Khalifa, 39, has been sentenced to death by hanging along with 11 other defendants after being found guilty in a drugs case involving a criminal gang accused of importing ingredients used to manufacture narcotics for sale.

Florida executes Daniel Owen Conahan Jr.

In Florida’s 15th execution this year, man put to death for killing linked to ‘Hog Trail Murders’  A Florida man convicted in one of a series of suspected killings that became known as the “Hog Trail Murders” in the 1990s was put to death Thursday, becoming the state’s 15th person executed this year.  Daniel Owen Conahan Jr., 72, was pronounced dead at 6:12 p.m. after receiving a 3-drug lethal injection at Florida State Prison near Starke. He had been sentenced to die for the 1996 kidnapping and strangling of Richard Allen Montgomery, whose mutilated body was found in a wooded southwest Florida area where authorities found the remains of at least 6 people over a 3-year span.

Arizona AG seeks execution date for man convicted in 1995 trooper killing

Trooper Bob Martin was killed during a traffic stop on the Beeline highway; execution for his killer could be as soon as January PHOENIX (AZFamily)—The Arizona Attorney General is asking for an execution date to be set for a man convicted in the killing of an Arizona State Trooper over 30 years ago. On Aug. 15, 1995, Trooper Bob Martin was shot and killed while performing a traffic stop along the Beeline Highway.

Ex-corrections officials urge governor to commute Kansas death sentences

Former Kansas corrections officials are urging Governor Laura Kelly to grant clemency to the state's death row inmates. Former Kansas Corrections Secretary Roger Werholtz has several reasons why he thinks the state should abolish the death penalty. Werholtz, who served as secretary from 2002 to 2010 and returned on an interim basis in 2019, uses his discussions with peers and family members of victims as well as experiences of seeing wrongly convicted people getting exonerated as his guiding points.

Florida executes Harold Gene Lucas

Florida state officials executed 74-year-old Harold Gene Lucas by lethal injection on Tuesday evening, concluding a 50-year legal saga stemming from the 1976 murder of a 16-year-old girl in Bonita Springs. STARKE, Fla. -- A man convicted of killing a teenage girl who rejected his romantic advances and wounding two of her friends was put to death Tuesday in the first of three executions planned this month in Florida. Harold Gene Lucas, 74, was pronounced dead at 6:18 p.m. following a three-drug injection at Florida State Prison near Starke, authorities said. He was sentenced to death for the 1976 shooting attack on Jill Piper and the wounding of her friends, Richard Byrd Jr. and Terri Rice.

Inside and outside Oklahoma execution chamber, Tulsans stand on different sides of death penalty debate

Sheriff Vic Regalado and Father Bryan Brooks, pastor at the Church of Saint Benedict, are two men of influence in Tulsa County. They live different lives—one enveloped in faith, the other elected to lead a law enforcement agency of more than 600. Both were brought together by the death penalty. The men believe it is their duty to support families of victims but land on different sides of the aisle when it comes to executions. Regalado is in support of the death penalty, saying it is part of the criminal justice system and brings closure to the families of murder victims.